El desafío de armar rompecabezas de piezas incompletas

Las oficinas de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) son como muchas otras de la administración pública. Paredes desgastadas y de color crema. Pasillos a los que desembocan puertas grises y altas. Pisos rojos en los que los años y el poco mantenimiento han dejado una irregular capa grisácea. “Pase por este pasillo a la derecha. Ahí está por comenzar la asamblea”, dice en la puerta una de las personas encargadas de aplicar el protocolo covid -toma la temperatura y rocía las manos de quienes ingresan con líquido sanitizante-.

En el salón donde se hace la asamblea de trabajadores de la Dinayf hay mesas ocupadas con cartulinas y marcadores gruesos. Se pintan pancartas, carteles. Se escriben reclamos, denuncias. Se leen consignas pidiendo justicia y el fin de la precarización laboral. Advierten que no tienen las herramientas mínimas para atender las problemáticas que reciben: vehículos para hacer las visitas domiciliarias, consultorios con privacidad y herramientas básicas para atender y escuchar a los niños, niñas y adolescentes. “Desde 2016 venimos diciendo que el sistema de protección de la niñez está en emergencia. Hemos hecho presentaciones, notas y petitorios señalando las condiciones laborales y la falta de recursos. Pero nunca obtuvimos respuestas”. “Ahora estamos haciendo este paro porque la situación nos explotó en la cara”. Son dos las profesionales de la Dinayf las que hablan -una trabajadora social y la otra psicóloga-. Las dos pidieron preservar sus identidades.

Cuando dicen que la situación explotó se refieren a la judicialización de María Pilar Guindo, la profesional de la salud mental enjuiciada por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso de abuso de una niña de tres años en Alberdi. “Hice lo que me correspondía. Existen pruebas de que se actuó en el caso porque pasé la denuncia, pero el fiscal y el juez no me escuchan y no saben de mi trabajo; solo quieren un culpable y me eligieron a mí”, posteó Guindo en sus redes sociales, en octubre.

A principios del año pasado, en enero, la niña fue rescatada de la familia que había sido designada para su cuidado en grave estado de salud. Quienes estaban a cargo de su guardia legal fueron acusados junto con otras dos personas de maltrato y abuso sexual. La tía biológica de la pequeña fue condenada a 13 años de prisión por el primer cargo y su pareja a 17 años por el segundo. Otra imputada murió en el incendio que se registró en la Brigada Femenina de Concepción en septiembre; una cuarta persona espera ser juzgada.

“En enero de 2020 una niñita sufrió maltrato infantil por parte de sus guardadores, quienes habían sido designados por la justicia como tales. Me angustié como todos ante estos hechos aberrantes. Pensé: ¿qué podría haber hecho por ella? ¿Qué podrían haber hecho por ella la justicia, la municipalidad, el Estado? ¿Dónde estaba el sistema de protección integral? Pero la Justicia no tardó en responder y me dijo: ¡fuiste vos la culpable!”, dice en su descargo Guindo.

“Su caso es consecuencia de lo que hace muchos años venimos planteando”, dice la trabajadora social refiriéndose a la precarización en la que trabajan. “Pero nunca pensamos que una compañera iba a estar de cara a un juicio, jugándose su carrera, su futuro profesional, su vida. Nos dimos cuenta de que estamos en riesgo todas las que seguimos trabajando en estas condiciones”, agrega y recuerda que Pilar fue recientemente mamá. “No nos imaginábamos llegar a tanto, pero hubo antecedentes que nos alertaban de este riesgo”, agrega la psicóloga y enumera casos de compañeros que debieron tomar licencia pisquiátrica e incluso renunciaron, desbordados por la carga y las condiciones laborales.

Oficinas que vulneran derechos

“Somos una institución que trabaja en la restitución de derechos”, dicen las profesionales. Estantes de chapa con las pinturas saltadas. Escritorios avejentados con cajones que apenas cierran. Sillas de diferentes colores y modelos. “La situación es muy grave no solo por esto que ves”, dice una de las entrevistadas al tiempo que señala el espacio descrito. “Aquí traemos niñas y niños que vienen de una realidad durísima, de una profunda vulnerabilidad socioeconómica. Aquí, donde no hay espacio. Los consultorios son una vergüenza. Los rompecabezas no tienen las fichas completas”, comenta la psicóloga que más tarde mostrará los juegos incompletos, maltrechos y raídos que utilizan al momento de la escucha profesional de las y los niños.

Advierten que son 44 profesionales para atender 5.000 casos. Un gran número de esos trabajadores están por contratos que se vencen anualmente -el próximo cierre es en diciembre- “Si no se renuevan no solo nos quedamos sin esos profesionales, sino que los casos que atieneden quedan en el aire”, dicen. “Muchas personas llevan cinco o seis años trabajando así”, agregan, y advierten que así hay derechos laborales vulnerados pues un contrato significa ser monotributista y no tener licencias ni vacaciones. 

“Pero el problema no es solo esto”, anticipan. Para esta entrevista, eligieron el espacio más tranquilo y desocupado de la oficina. Hablan y son interrumpidas constantemente por el chirrido de la puerta cada vez que alguien entra al salón donde se realiza la asamblea. “No hay ni un poco de aceite para ponerle”, dice una de ellas y la deja abierta de par en par para evitar más interrupciones. 

“El problema no es solo esto”, remarca señalando con el dedo alrededor, esta vez haciendo referencia a las condiciones edilicias, y explica que en la Dinayf se trabaja con un protocolo de atención integral a las niñeces y adolescencias dividido en cuatro etapas. Que ellas trabajan en la segunda. Que deben hacerse cargo de la tercera también. Que la cuarta no existe. 

La primera etapa es de admisión: allí se diagnostica y evalúa la situación y, tras las visitas domiciliarias, se determina si la Dinayf debe intervenir. “Las problemáticas con las que trabajamos son muy delicadas: violencia de género, maltrato y abuso infantil. Y generalmente son familias con una sistemática vulneración de derechos durante generaciones”, señala la psicóloga. En la segunda empieza el proceso de restitución de derechos: los equipos interdisciplinarios -psicólogos y trabajadores sociales- definen estrategias para revertir la situación que dio inicio a la intervención. Esto implica un trabajo con la familia directa de las niñas, niños y adolescentes. 

“Somos 16 equipos técnicos y, según el protocolo, tenemos un plazo de 240 días para intervenir en los 150 casos que cada equipo tiene a cargo. Contamos con un móvil cada 20 días para hacer las visitas a los domicilios. Si yo tengo un caso urgente y le pido a una compañera cambiar el turno del vehículo, me doy cuenta de que ella tiene otro caso igual de urgente”, comentan. “En esa familia a la que no puedo ir a visitar ese día se está jugando la vida de una persona”, rematan.

La tercera etapa tiene lugar cuando no se puede revertir las condiciones de vulneración con esos referentes afectivos y, como la situación de riesgo continúa, se toma una medida excepcional recurriendo a la familia ampliada (abuelas, abuelos, tíos, tías) o a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Esta instancia se lleva a cabo con el conocimiento y la intervención del juzgado e implica acompañar a la familia directa para modificar las condiciones y que el niño, la niña o adolescente que se encuentra al cuidado de la familia ampliada o en el CDI pueda regresar. “La realidad es que la segunda y la tercera (etapa) son una sola. No hay otra manera de abordarla porque los recursos que tenemos son limitadísimos”, explica la trabajadora social.

“La cuarta no existe”. Cuando las profesionales hablan de esta última parte del protocolo remarcan una y otra vez que no ocurre, al menos desde que ellas trabajan en la Dinayf. En esta instancia se debería trabajar en el fortalecimiento familiar. Una vez logrado el cambio necesario ya no habría riesgo para esa niña, niño o adolescente y por lo tanto puede volver con su madre y/o padre. Se considera aquí que se pudo restituir el derecho vulnerado y los profesionales deben acompañar por un tiempo más al grupo familiar y, en caso de ser necesario, dar algún apoyo económico. “Pero esto no sucede”.

“No damos abasto porque la demanda es grandísima. Cuando decimos que el sistema de protección integral está mal estamos hablando de un sistema compuesto por tres poderes. ¿Por qué somos nosotras, las trabajadoras que hacemos lo que podemos, las responsables y perseguidas?”, dice la psicóloga al tiempo que remarca que no están en contra de los funcionarios que ostentan los cargos decisorios, como Gabriel Yendlin,ministro de Desarrollo Social. “Nos estamos defendiendo porque esto ha llegado a un punto en el que estamos en riesgo todas”. 

Cuando esta entrevista se hizo, las trabajadoras y trabajadores de la Dinayf estaban de paro, pero atendiendo las emergencias. Hoy están llamados a conciliación obligatoria y se mantienen en asamblea permanente. Dicen que necesitan difusión. Que necesitan apoyo. Que los colegios de profesionales -de psicólogos y de trabajadores sociales- las están acompañando. Que no están pidiendo menos trabajo sino las condiciones básicas para cumplir con sus responsabilidades. “Es imposible profesional, humana y éticamente trabajar con cada uno de los niños que tenemos a cargo de una forma integral y haciendo el seguimiento que se merece. Y ahora, además, trabajamos con miedo a ser judicializadas”.