Alerta por incumplimiento en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos

foto: Alejandro sarmiento | la palta

“En los últimos meses se comunicaron con nosotras personas que manifiestan una serie de dilaciones ante un pedido de acceso a este derecho garantizado por la Ley 27,610”, dicen desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Tucumán. La agrupación monitorea el cumplimiento de la Ley que garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el número de consultas y denuncias ha crecido de manera alarmante. Las personas que se dirigen a los diferentes centros de salud públicos de la provincia no logran acceder a una IVE de acuerdo lo establece la Ley. La respuesta que más se repite es que no hay medicación y, en el mejor de los casos, se les entrega una receta para comprarla de manera particular. 

“En otros centros directamente no obtienen receta, ni respuestas”, expresan en un comunicado de prensa desde la agrupación. Ante estas constantes denuncias, desde la Campaña decidieron presentar ante las autoridades del Ministerio de Salud un pedido de acceso a la información pública. “Solicitamos información sobre la situación actual de abastecimiento de Mifepristona y Misoprostol para dar respuestas a mujeres y personas gestantes que requieren el acceso a la IVE”, advierten. 

La nota fue presentada esta mañana y en ella también se pide informe sobre los servicios en los cuales se garantiza el acceso a esta práctica, las partidas presupuestarias destinadas a la compra de los medicamentos necesarios en los últimos seis meses y una proyección de abastecimiento para los próximos seis meses.

En el comunicado se especifica que “el Gobierno Nacional de Javier Milei ataca reiteradamente a la salud pública y desmanteló las políticas que garantizaban el cumplimiento de la Ley Nº 27.610. Esto afectó la provisión de medicamentos y métodos para garantizar este derecho. Actualmente, algunas provincias se quedaron sin los insumos enviados por la gestión nacional y usan fondos provinciales para continuar garantizando los derechos sexuales y reproductivos establecidos por ley”.

Los números de una ley que salva vidas

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue sancionada por el Congreso a fines de 2020 y promulgada en enero del 2021. De acuerdo a lo publicado ante un pedido de información pública al Ministerio de Salud de Nación, en los tres primeros años de su implementación, alrededor de 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud. 

Es importante destacar que en ese período, disminuyó la mortalidad materna por aborto y los embarazos de niñas y adolescentes. “Está comprobado que la IVE salva vidas y es una cuestión de salud pública”, remarcan desde la Campaña, al tiempo que advierten que se mantendrán alerta ante la gravedad de las denuncias recibidas respecto al incumplimiento de la ley y las posibles consecuencias que esto podría acarrear. 

A continuación reproducimos el comunicado de prensa completo:

Alerta en Tucumán: ¿Qué esta pasando con el aborto legal?

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Tucumán y las organizaciones abajo firmantes estamos en alerta ante las numerosas denuncias de mujeres y personas gestantes por dificultades en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (IVE). 

En los últimos meses se comunicaron con nosotras personas que manifiestan una serie de dilaciones ante un pedido de acceso a este derecho garantizado por la Ley 27,610. De acuerdo a lo que pudimos conocer, en algunos centros de salud se está informando que no hay medicación y se les facilita la receta para comprarla. En otros centros directamente no obtienen receta, ni respuestas. Estas situaciones configuran un incumplimiento de la ley IVE que establece que la persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento, y esto incluye la medicación/métodos necesarios para hacerlo.

Ante estas denuncias nos dirigimos al Ministerio de Salud de Tucumán para solicitar información sobre la situación actual de abastecimiento de Mifepristona y Misoprostol para dar respuestas a mujeres y personas gestantes que solicitan el acceso a la IVE. También pedimos se nos informe sobre los servicios en los cuales se garantiza este derecho, las partidas presupuestarias destinadas a la compra de dichos medicamentos en los últimos seis meses y una proyección de abastecimiento para los próximos seis meses.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue sancionada por el Congreso a fines del año 2020 y promulgada el 14 de enero del 2021. En los tres primeros años de su implementación, unas 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud (según informaron desde el Ministerio Nacional de Salud). En ese período, disminuyó la mortalidad materna por aborto y los embarazos de niñas y adolescentes. Está comprobado que la IVE salva vidas y es una cuestión de salud pública.

El Gobierno Nacional de Javier Milei ataca reiteradamente a la salud pública y desmanteló las políticas que garantizaban el cumplimiento de la Ley Nº 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Esto afectó la provisión de medicamentos y métodos para garantizar este derecho. Actualmente, algunas provincias se quedaron sin los insumos enviados por la gestión nacional y usan fondos provinciales para continuar garantizando los derechos sexuales y reproductivos establecidos por ley. 

Nos mantenemos en alerta ante la gravedad de las denuncias recibidas respecto al incumplimiento de la ley y las posibles consecuencias que esto podría acarrear. El Estado Nacional y provincial deben garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva en condiciones de igualdad y no discriminación en todo el territorio. Y el gobierno provincial debe dar respuestas a todas las personas gestantes que solicitan una interrupción del embarazo, sin dilaciones ni obstaculizaciones. 

Sin insumos no hay aborto legal 

Sin aborto legal, no hay ni una menos