Operativo Independencia: de víctimas y victimarios

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Fotografía de Ignacio López Isasmendi

Nueve semanas de audiencias. Más de 80 testigos pasaron ya por la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal (TOF) en la provincia de Tucumán. Testigos que, de una u otra manera, son sobrevivientes del periodo previo al golpe de Estado de marzo de 1976. Unos, testigos víctimas; otros, familiares o amigos que en sus relatos reconstruyen un fragmento de la historia. “La defensa tiene el derecho de preguntar si el testigo tiene credibilidad y si había razón o no para detenerlo, para secuestrarlo o para detenerlo o como se llamare a la privación de libertad”. Las palabras del presidente del Tribunal, Gabriel Casas, fue la respuesta a la objeción que la fiscalía hiciera ante la pregunta sobre la militancia de uno de los testigos. 

“Si había razón o no para detenerlo, para secuestrarlo”. Asombro, desconcierto. Esa ambivalencia de no poder creer lo que se está escuchando aunque tampoco sorprenda del todo. Este es el décimo segundo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la provincia y algunos caminos parecían ya andados. “Hasta qué punto lo que el señor haya hecho en el pasado puede justificar la comisión, en su perjuicio, de delitos de lesa humanidad”, contestó a su turno el fiscal Pablo Camuña. “Si vamos a empezar a discutir si su militancia o una reunión que tuvo justifica que haya sido secuestrado de su casa, llevado a un centro clandestino de detención y sometido a tortura estamos errando el camino”, señaló marcando distancia con lo expresado por el presidente del tribunal.

Rodolfo María Ojea Quintana escuchó cada intervención a través del sistema de videoconferencia. El testigo fue el primero en ser llamado a declarar el jueves de la semana pasada. Había relatado cómo junto a su esposa fue secuestrado el 9 de febrero de 1975. Se despertó con un arma apuntándole a la cabeza y los gritos de su familia. Habló de las torturas a las que fue sometido durante los días que estuvo en un centro clandestino de detención. Detalló las irregularidades con las que se le inició una causa y fue luego trasladado al penal de Villa Urquiza. Había respondido las preguntas de las partes hasta que uno de los fiscales se opuso al interrogatorio de la defensa por considerarla impertinente. “Esta pregunta entraña una malicia porque trata, solapadamente, de introducir una justificación de una situación padecida por el testigo que viene a declarar sobre lo que le ocurrió como víctima”, advirtió Camuña.

Las expresiones del juez fueron vertidas el mismo día que los parientes de los imputados habían asistido munidos de carteles que reivindicaban los delitos que aquí se juzgan. En ese marco en el que el fantasma de la teoría de los dos demonios se hacía cada vez más presente, el defensor particular Mario Leiva Haro se despachó con una expresión que produjo más que indignación, dolor. “Tanto ellos como nosotros sabemos el pasado de los testigos. Este cuestionamiento se hace solamente a personas que han tenido determinada militancia en grupos guerrilleros, que han sido delincuentes, que han matado a personas”, sentenció el abogado. Tanto la fiscalía como las querellas solicitaron al tribunal un llamado de atención para Leiva Haro por referirse a los testigos víctimas como ‘delincuentes’. Pedido que no fue tenido en cuenta a pesar de los planteos de la parte acusadora. “Yo soy abogado querellante y además llevo la querella por mis padres, que son víctimas en este juicio; por mis tíos, por los padres de muchos de mis compañeros y mejores amigos”, dijo Pablo Gargiulo cuando pidió a los jueces el llamado de atención. “Y nunca me he permitido tratar a los imputados de esta causa como ‘asesinos’ porque considero que a pesar de la fuerte emotividad tengo que mantener la corrección y la probidad que requiere mi rol como abogado”, agregó.

A lo largo del proceso, ni los abogados, ni la prensa se refiere a los imputados sin condena como delincuentes, asesinos o genocidas. Aunque, cabe aclarar, varios de los que se encuentran en el banquillo sí fueron condenados en otros juicios como genocidas. Incluso Roberto Heriberto Albornoz cuenta ya con sentencia firme en una de sus cuatro condenas a prisión perpetua. Luis Armando De Cándido, Jorge Lazarte, Ramón Jodar y Miguel Ángel Moreno están entre los que ya recibieron condena en otros procesos. Pedro Rojas, Pedro López, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Svendsen, Francisco Camilo Orce, José Luis Figueroa, Néstor Castelli, Julio Meroi, Omar Parada, José Roberto Abba, Manuel Rubén Vila y Pedro Casiano Burtnik asisten para ser juzgados por primera vez por los delitos cometidos contra las 271 víctimas que conforman el universo procesal. En este megajuicio tanto Ojea Quintana, ex miembro de Montoneros, como todos los demás sobrevivientes citados a declarar, son víctimas. “Yo no tengo por qué creerles que les pasó lo que dicen que les pasó”, sostuvo en más de una oportunidad Leiva Haro. El mismo abogado defensor que en audiencias pasadas afirmó que es científicamente imposible los relatos donde se habla de la aplicación de picanas eléctricas sobre cuerpos mojados.

Distintos cuerpos, los mismos mecanismos

Graciela Celina Imaz, esposa de Rodolfo María y los hijos de ambos, Celina y Tomás María Ojea Quintana, declararon el mismo jueves 4 de agosto. Celina tenía apenas 2 años cuando sus padres fueron secuestrados. De la noche en que se los llevaron no tiene mayores recuerdos. Tomás, que entonces tenía cinco años, tiene algunas instantáneas de esa noche. El recuerdo fugaz del momento del operativo: “mi madre indefensa, vendada y le decían cosas como ‘no vas a ver más a tus hijos’”. Como si sacara fotos de un cajón recordó detalles de algunas visitas en la cárcel. Los seis años que sus padres permanecieron detenidos, los niños vivieron en la casa de sus abuelos maternos en la provincia de Buenos Aires. Ambos hermanos se refirieron a esos años de infancia como muy duros, muy difíciles. Ambos reconstruyeron por boca de sus padres los días de cautiverio y los años detenidos en el penal de Rawson, en el caso de Rodolfo, y en el de Devoto, en el caso de Graciela.

A lo largo de la tarde del jueves y la mañana del viernes fueron otros los testigos que recordaron sus secuestros. El mecanismo para la supuesta detención fue bastante similar. Irrupción en los hogares en horas de la noche y sin orden de allanamiento ni de detención. Las vendas y el traslado a centros clandestinos como el que funcionaba en la ex escuela Diego de Rojas, conocido como ‘la Escuelita de Famaillá’. Los interrogatorios en los que les aplicaban picanas en distintas partes del cuerpo o les sumergían la cabeza en un tacho con agua. Las secuelas físicas y psicológicas con las que tuvieron que seguir viviendo.

Ramón Alfredo Amaya tenía 12 años cuando se llevaron a su hermano con el que vivía en localidad de Monte Grande. Enrique Antonio Amaya, el hermano de 18 años, es hoy un hombre de casi 60 años que cuando se paró frente al tribunal dijo: “quiero decir mi verdad”. Dio un relato entrecortado por la angustia, el llanto y el esfuerzo por recordar. “Me golpeaban, me metían a un tacho con agua, me tenían estaquiado”, detalló el testigo que afirmó que nunca tuvo militancia alguna. “Yo sé que eran militares los que me han aporriado pero no podía ver quiénes eran”, respondió cuando le preguntaron si había logrado identificar a algunos de los que lo habían torturado. “No me han dado la libertad”, afirmó don Amaya cuando se refirió a su liberación. “Lo tiraban a uno. Si se muere, se muere”, agregó y contó que un hombre que pasaba lo ayudó y le retiró las vendas de los ojos. “Cada vez que paso por ahí”, dijo refiriéndose a la ex Escuela Diego de Rojas, “pienso que ahí iba a ser el final de mi vida. Ojalá que nunca se vuelva a repetir”.

Don Enrique Amaya no quiso parar cuando la emoción le ganaba. “Yo quiero contar toda mi verdad”, repetía una y otra vez. “Yo decía que tenía hambre y me ponían la pistola para que muerda”, contó entre sollozos. Enrique fue secuestrado en dos oportunidades. La segunda vez lo amenazaban con pasarlo al penal de Villa Urquiza. “Yo les decía que me pasen a la cárcel si tenían una causa. Que si tenían que matarme que me maten. Yo no quería seguir así”, dijo el hombre que tiene una disminución auditiva del 75% a causa de las torturas. “Mi madre me quería llevar al hospital, yo no quería porque ahí estaban los militares”, contó y al final soltó como suplicando: “Que no vuelva a ocurrir más esto, por nuestros jóvenes, porque yo perdí mi juventud".

Miguel Ángel Robledo y Luis Antonio Robledo también vivían en Monte Grande. Al igual que Enrique y que otros pobladores del lugar terminaron en la Escuelita de Famaillá. Previamente estuvieron en la base militar instalada en la administración de la Citrícola San Miguel. Benjamín Rogelio Pedro también estuvo detenido en ‘la Escuelita’. Su secuestro también se realizó mientras dormía junto a su familia. “Mi madre amasaba pan”, empezó a narrar como dando explicaciones del azúcar y la harina que había en su casa. “Nos han tirado toda la mercadería. No teníamos muebles, eran cajones, nos dieron vueltas todo. Rompieron todo”, detalló. “Dónde tenés las armas”, contó que le gritaban. “¿Qué armas? Yo era solo un trabajador”, añadió. En la ‘Escuelita de Famaillá’, como todavía se le dice al lugar donde funcionara el primer centro clandestino de detención, le quitaron las vendas para que reconozca a las personas que estaban allí. “Estaban lastimados y había mucho mal olor”, describió y agregó que vio a algunos conocidos de su pueblo.

Reinaldo Mercado, Walter Osvaldo Maciel y Juan Nicolás Vázquez también pasaron por la ex Escuela Diego de Rojas. Reinaldo dio detalles de la disposición de las aulas, la sala de torturas, el patio. Las distancias medidas en pasos, calculadas por la lejanía o cercanía de los sonidos. Los olores. Juan aseguró que no escuchó niños pero sí mujeres embarazadas. Humberto Rava y Lilián Reynaga fueron los primeros testigos del viernes. Ambos ya habían declarado en otros juicios realizados ante este mismo tribunal. Humberto fue interceptado en la calle el 18 de marzo de 1975. Las torturas, los interrogatorios por su militancia en la Juventud Peronista, fueron relatadas por el testigo víctima en primera persona. Sara Elena González de Rava, esposa de Humberto, fue detenida el mismo día pero en un sanatorio donde estaba internada su madre. Lilian Reynaga habló del periodo en que compartió cautiverio con Sara y dio detalles de las condiciones en las que se encontraba.

Las condiciones en las que se encontraban Sara, Humberto, Juan, Reinaldo, Walter, Luis, Miguel Ángel, Enrique, Rodolfo, Graciela no distaban mucho. Esas torturas que al defensor particular le parecen improbables son recordadas, detalles más, detalles menos, por casi todos los sobrevivientes. Cada uno desde su poca o mucha formación política o educativa. Cada uno con sus propias palabras y apelando a las representaciones que tienen a mano describen mecanismos similares. Cada testigo presta juramento de decir verdad “de todo lo que dijere o le fuese preguntado”. Cada relato da cuenta de la necesidad de no volver a pasar por lo mismo ni siquiera con el recuerdo. Sin embargo el esfuerzo por reconstruir lo ocurrido hace más de 40 años está presente en cada audiencia. Respeto a ese esfuerzo es lo que pide la fiscalía y las querellas a aquellos que defienden a los imputados. Imputados que gozan de lo que los testigos víctimas no gozaron: un juicio con todas las garantías.