Masacre de Avellaneda: Tiempo de responsabilidades políticas
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Fotografía de 0223.com.ar
El 26 de junio de 2002 no fue la crisis la que causó dos nuevas muertes, fue el aparato represivo político-policial heredado de las sucesivas dictaduras militares y que aún hoy subsiste. Ese 26 de junio Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, militantes del movimiento piquetero, fueron asesinados en el Puente Pueyrredón de Avellaneda. La movilización tenía por objetivo reclamar al gobierno, del entonces presidente interino Eduardo Duhalde, mejoras laborales y programas alimenticios para sostener comedores populares. Un operativo llevado adelante por la Policía Bonaerense, Gendarmería y Prefectura Naval reprimió la protesta. El comisario Franchiotti y el cabo Acosta, condenados a cadena perpetua en 2006, dispararon a los dos militantes con balas de plomo y los mataron.
Desde ese momento, Darío y Maxi se convirtieron en bandera de lucha, en símbolo de militancia. Las condenas recibidas en 2006 trajeron algo de la justicia que se exigía, pero sus familiares, junto a diferentes organizaciones de Derechos Humanos, continúan pidiendo que se condene a los responsables políticos e intelectuales de esta masacre. La semana pasada se dio un paso adelante en esta búsqueda y se logró que la justicia desarchive la causa por responsabilidades políticas. Así lo confirmaron a familiares el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Diego Iglesias, según contó al Informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias Alberto Santillán, padre de Darío.
“Ahora tenemos un tiempo para trabajar sobre las responsabilidades políticas”, dijo Santillán y explicó que lo que se está intentando es que se produzca un cambio de carátula para juzgar a los responsables políticos. La carátula con la que se está trabajando es la de homicidio simple y esto implica que la causa prescribe a mediados del 2015. Si la misma pasa a ser caratulada como homicidio calificado con alevosía, recién prescribiría en 2017. “Para mi es un crimen que está hecho por el gobierno y por lo tanto, una causa que no tiene prescripción”, comentó Santillán y con ello dejó en claro que el objetivo es que se reconozca a la masacre de Avellaneda como un delito de lesa humanidad.
Más de 12 años han pasado desde que Darío y Maxi fueron fusilados con las armas del Estado, ese mismo que debió protegerlos. Los autores materiales fueron condenados. Ahora resta sentar en el banquillo a quienes se acusa fueron los responsables intelectuales: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasoff, Carlos Ruckauf, Jorge Vanossi, Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez y el actual Secretario de la Presidencia Aníbal Fernández. “Vamos a hacer lo imposible para que paguen. No puede ser que los responsables de la muerte de Darío y Maxi sigan presentándose a candidatos (…) o estén armando distintos partidos para las próximas elecciones”, dijo Santillán.
El paso está dado. En 2015 la justicia deberá dar respuestas a una lucha que lleva más de una década y continúa siendo una deuda de la democracia. Los casos de gatillo fácil se suceden y el aparato represivo permanece intacto. “Nosotros tenemos que conseguir eso, que la justicia los siente en el banquillo de los acusados y que por primera vez en la historia se pueda meter presos a los políticos”, finalizó Santillán.