Trata de personas: entender el delito
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Foto: primer juicio por trata | Bruno cerimele - agencia infoto
Por Italo Lautaro Vaca Navarro y Lourdes Concha
“La trata de personas aparte de ser un delito complejo, es dificil de visibilizar”, advierte Maria Elizabeth Saavedra, coordinadora del Programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán.
La profesional explica que el caso María De Los Ángeles Verón impulsó cambios legislativos significativos. Desde 2008, Argentina cuenta con la Ley N°26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, que define este delito como el ofrecimiento, captación, traslado y recepción para su explotación laboral o sexual. La Ley fue creada con el objetivo de implementar medidas para prevenir y sancionar la trata, y brindar asistencia a sus víctimas.
Sin embargo, el tratamiento mediático del caso Marita generó una visión limitada del delito, asociándolo casi exclusivamente con el rapto-secuestro. "La trata de personas implica muchas otras formas y modalidades que van cambiando de acuerdo a la realidad cotidiana y concreta de cada lugar", subraya la especialista.
Una de las formas más comunes de la captación es mediante el engaño, donde el victimario se presenta con ofrecimientos laborales, de dinero o incluso con la promesa de solucionar los problemas personales de la víctima.
Betina Laguna, abogada, comenta que, por el lado de la justicia “en general, las víctimas no se perciben como tales. Incluso muchas veces están ahí porque quieren, y justamente la gente que las explota se aprovecha de la vulnerabilidad para generar ganancias”. En 2011, la Ley de Trata tuvo su primera modificación. Esta reforma significó un paso clave, ya que en la misma se estableció que el delito queda cometido si la víctima es sometida a explotación, independientemente de que haya dado su consentimiento.
Además de abogada, Laguna representa en Tucumán a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), un organismo del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Este rol se enmarca en un esfuerzo iniciado por la lucha de Susana Trimarco, mamá de Marita, para garantizar la presencia de personal especializado en la provincia.
La abogada sostiene que, debido a la complejidad del delito de trata, las investigaciones requieren tiempo, ya que se busca recabar la mayor cantidad de pruebas para que la causa llegue a juicio. Hoy en día, esta complejidad se agudiza por los cambios en la modalidad y sofisticación que presentan las redes de trata al hacer uso de las redes sociales, por ejemplo, o por el cambio constante de los lugares de explotación. “A nosotros no nos sirve ir, allanar un lugar precipitadamente, desarmarlo y no encontrar al responsable”, afirma Laguna.
La situación en Tucumán
Daniel Weissemberg, fiscal auxiliar del Tribunal Oral Federal de Tucumán y ex representante de la PROTEX en la provincia, explicó que inicialmente predominaban las denuncias por trata con fines de explotación sexual, pero que, hasta 2023, se observó un aumento sostenido de los casos vinculados a la explotación laboral, casi al punto de igualarse en número de denuncias. De acuerdo a las estadísticas del Programa de Asistencia a Víctimas de Trata, en 2024 ingresaron 50 casos de trata con fines de explotación sexual y 40 de explotación laboral.
En la provincia, la explotación laboral se da generalmente en trabajadores golondrina -en su mayoría varones- quienes migran a otras provincias en busca de empleo. Estos trabajos implican largas jornadas laborales y salarios bajos. “En 2024 hemos tenido muchos retornos voluntarios y asistidos de diferentes lugares del país. Son víctimas tucumanas que son explotadas en otro lugar y que regresan a la provincia sin saber que vivieron una situación de explotación laboral”, cuenta Saavedra. Además, la profesional explica que muchas veces los trabajadores confunden este delito con una situación irregular de trabajo.
Actualmente, Tucumán cuenta con 15 juicios por trata de personas, de los cuales diez llegaron a la instancia de debate oral. La primera sentencia fue en 2014. De estas causas, nueve fueron por trata con fines de explotación sexual y una por explotación laboral.
Políticas públicas sin fondos
“Las políticas públicas actuales con respecto a la trata son cero”, advierte Betina Laguna.
Foto: primer juicio por trata | Bruno cerimele - agencia infoto
En noviembre de 2024, el Gobierno Nacional anunció la eliminación del fondo fiduciario para la asistencia directa a víctimas de trata, argumentando haber detectado debilidades en una auditoría. Este fondo fue creado a partir de la Ley 27.508, vigente desde 2019. El mismo garantizaba una reparación económica para las víctimas de trata, a través del decomiso de bienes en los juicios por trata de personas.
Por su parte, el Programa de Asistencia de la provincia utiliza diferentes herramientas en el acompañamiento a las víctimas. Sin embargo, actualmente dejaron de recibir recursos de Nación como el acceso al Programa de Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo). A esto se suma el recorte presupuestario y de personal de la línea telefónica 145 dedicada a la orientación, asistencia y/o denunciar casos de trata y/o explotación de personas.
Maria Elizabeth Saavedra insiste en que hay que seguir trabajando en la prevención, sobre todo en fortalecer los vínculos. “La trata inicia irrumpiendo en donde la víctima está vulnerable, pero si tenés un otro conocido, que te cuide y en quien realmente puedas confiar, podes contarle y así obtener otro tipo de análisis sobre ofrecimientos de trabajos donde todo es desconocido. Eso es clave para el cuidado, además de conocer el delito”, concluye.
