Razones para seguir, condenas para hacer justicia

Fotografías cortesía de Agencia Infoto

Cinco horas había estado declarando el imputado Ariel Orlando Valdiviezo el día viernes 25 de octubre. El jueves 31, cuando la audiencia se había reanudado, el presidente del tribunal lo autorizó a continuar con su ampliación de indagatoria. Jiménez Montilla le había advertido que contaría con dos horas más. Pasado ese tiempo, Valdiviezo pidió que se lo deje seguir hablando, “me están cercenando el derecho a la defensa”, protestó el imputado. El juez le advirtió que todo lo que estaba declarando no era más que lo que ya había presentado por escrito, y que los jueces ya lo tenían en su poder y lo daban por incorporado. Pasada las 12.30, la abogada querellante Laura Figueroa empezó con sus alegatos. La letrada representa a más de 180 víctimas cuyas causas se debaten en este megajuicio. En su extensa exposición habló de los hechos, las víctimas y las pruebas testimoniales y documentales. Rescató el valor que los testigos tuvieron que tener para enfrentarse al recuerdo del horror vivido, a sus victimarios y a más de 30 años sin justicia.

Hizo una comparación entre el genocidio realizado en Auschwitz y el perpetrado en Arsenales. Mostró fotos comparando los espacios físicos, habló del plan sistemático de exterminio y de los mecanismos empleados para el ocultamiento de los cuerpos.

Sobre el final de más de seis horas de exposición, presentó el pedido de penas. Los delitos que enumeró fueron: asociación Ilícita, traición a la Patria, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de exterminio masivo, homicidio agravado, tortura agravada y violación de domicilio. De los 41 imputados en la megacausa Jefatura II Arsenales, solicitó las penas para los militares Luis Orlando Varela, Adolfo Ernesto Moore, Fernando Torres, Daniel De Urquiza, Augusto Leandro Neme, Juan Carlos Benedicto, José Eloy Mijalchick, Camilo Ángel Colotti, Ariel Orlando Valdiviezo, Carlos Eduardo Trucco y Hugo Enzo Soto; los gendarmes  Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, José Carlos Sowinski, Ernesto Rivero yMarcelo Godoy; y los policías Roberto Heriberto Albornoz, Luis Armando De Cándido, Antonio Esteban Versellone, Juan Alberto Abraham, Rolando Reyes Quintana, Guillermo Agustín Ugarte, María Luisa Acosta de Barraza, Ricardo Oscar Sánchez, Oscar Humberto Gómez y Félix Insaurralde.

Cinco causas, 11 víctimas

Fotografías cortesía de Agencia Infoto

Julia Vitar e Inés Lugones son las abogadas que representan las querellas de cinco causas. Las víctimas de esas causas son Enrique Campos, Nélida Azucena Sosa de Forti, el matrimonio de Ricardo Salinas y Silvana Parrille y el de Margarita Laskowski y Adolfo Méndez Brander, y los cinco miembros de la familia Rondoletto: Pedro, María, Silvia, Jorge y Azucena Bermejo (esposa de Jorge que se encontraba embarazada al momento del secuestro).

Las querellantes hicieron una exposición que emocionó a toda la sala. Hablaron de las cinco operaciones que llevaron adelante en el marco de la doctrina del Ejército en lo que se llamó la 'lucha antisubversiva'. Subrayaron la importancia de las operaciones de inteligencia y explicaron en qué consistían. Aludieron al testimonio del Mayor Carloni, quien en audiencias anteriores habló del 'ciclo de la inteligencia'. Se refirieron al rol de los civiles, su participación no solamente como ‘entregadores’ sino también como torturados y violadores.

En un apartado especial hablaron del 'plan sistemático de apropiación de personas'. “Hoy jóvenes de entre 35 y 40 años siguen estando secuestrados”, sostuvo Vitar. “Siguen siendo víctimas”, agregó. Y de esa manera dio una de las tantas respuestas de por qué seguir, de por qué no olvidar.

Otro tópico en el alegato de Julia Vitar e Inés Lugones fue el referido a violencia sexual. Recordaron lo dicho el día anterior por la querellante Laura Figueroa, que este tipo de delitos no solo fueron cometidos contra mujeres sino también contra varones. Que en el caso de los hombres las vejaciones de este tipo resultan mucho más difíciles de denunciar. Citaron la declaración leída del doctor Augier quien contó los abusos que vio cometerse durante su cautiverio en Arsenales. Hicieron una mención especial a las explicaciones vertidas por la especialista en delitos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado, Susana Chiarotti. "Aplicarle picanas en los senos o en los genitales no es un acto de tortura sino un acto de violencia sexual", indicó Julia Vitar. Por esta razón, afirma la abogada, deben ser considerados como delitos autónomos. "El delito sexual es un crimen de lesa humanidad", señaló. De este modo no es de instancia privada, como lo sostuviera uno de los imputados la semana pasada, muchos menos si se produjo la muerte de la persona.

Entre los últimos puntos presentados hablaron del circuito represivo, del vínculo y función de cada uno de los Centros Clandestinos de Detención (CCD), de la concordancia entre lo narrado por los testigos en las audiencias y lo observado en las inspecciones oculares. Las palabras de los sobrevivientes que volvieron a esos espacios remanecieron en la sala. Las imágenes de ellos señalando los lugares de torturas. El testigo Ramón Brizuela parado en el galpón 9 con las manos hacia atrás diciendo "estuve años de mi vida así". Los detalles. Las fosas. Esas que preservaron algunos cuerpos, algunos restos, que son la prueba contundente del horror.

Al finalizar, después de haber pedido las penas para cada uno de los imputados, ambas querellantes quisieron decir algo más. Julia Vitar habló de lo que este juicio significa para los familiares de las víctimas, para los sobrevivientes y para los militantes. Hizo propias las palabras de Marta Rondoletto, que cuando le tocó declarar levantó la fotografía de su familia y mirando a los imputados dijo: "esta es mi familia. No nos han vencido". Vitar agregó: "Eso es en lo que yo creo, no nos  han vencido. Ni la autoamnistía, ni el punto final, ni la obediencia debida, ni los indultos de Menen ni el dolor de verlo al genocida de Bussi como gobernador nos han vencido. Porque nosotros seguimos acá, pidiendo verdad, pidiendo justicia y haciendo memoria. Que sea justicia", concluyó.

Por su parte, Inés Lugones se refirió a los testigos: "celebro porque ellos estuvieron poniendo su voz y su cuerpo a los que no están", dijo. Luego miró a los imputados: "les voy a decir que seguiremos buscando a nuestras víctimas. En todo este tiempo no han tenido ningún gesto de humanidad. Nosotros sabemos ustedes saben dónde fueron a parar los restos de nuestras víctimas. Nosotros los vamos a seguir buscando". Finalmente reivindicó la militancia: "no renegamos de la militancia, no renegamos que nos digan guerrilleros… nosotros reivindicamos los testimonios de los presos políticos. Reivindicamos los hijos de los compañeros desaparecidos. por ellos por la verdad, por la memoria, venimos a pedir justicia".

Imputaciones y penas

Las penas solicitadas por las querellantes Lugones y Vitar son por los delitos de privación ilegítima de la libertad con vejaciones y apremios, tormentos agravados y homicidios calificados -todos delitos de lesa humanidad, acciones integrantes del delito internacional de genocidio- a los policías Camilo Colotti, Luis Ocaranza, Roberto Heriberto Albornoz, Luis Armando De Cándido, María Luisa Acosta de Barraza, Ángel Custodio Moreno, Rolando Reyes Quintana, Ricardo Oscar Sánchez, Félix Insaurralde, Antonio Esteban Versellone, Guillermo Agustín Ugarte, Juan Alberto Abraham, Pedro José Pasteris, Oscar Humberto Gómez y Miguel Chuchuy Linares. Para todos ellos se solicitó reclusión perpetua.

Idéntica imputación y pena se pidió para los delitos cometidos en los CCD Arsenales y Reformatorio, donde los imputados son Luis Orlando Varela, Fernando Torres y Ramón Ojeda fuentes, y a los miembros de gendarmería Ernesto Rivero, Alberto Montes de Oca, José Carlos Sowinski y Benito Palomo.

Para los militares Hugo Enzo Soto y Pedro Osvaldo Caballero se requirió una condena de 20 años de prisión. Y para Juan Carlos Benedicto, el único civil imputado por la causa de Adolfo Méndez Brander, se solicitó la pena de 15 años de prisión efectiva. En todos los casos se aclaró que las penas debían ser cumplidas en cárcel común.

Asesinos, ‘rapiñeros’ y violadores

Daniel Weisemberg y Valentina García Salemi son los querellantes por dos causas, una perteneciente a Jefatura (Bustamante) y el otro a Arsenales (Sánchez). La causa Bustamante, que incluye como víctimas a Graciela Bustamante, Horacio Ferreyra, Adriana Mitrovich y su esposo Ricardo Torres Correa, tiene una particularidad. Los restos de tres de ellos fueron hallados e identificados el año pasado.

Valentina García Salemi hizo su alegato mirando a los imputados. Al final fue consultada sobre a quién miraba. "A todos", dijo, "uno por uno los miraba a todos". Así, sosteniéndoles la mirada recordó el testimonio de 'Tito' Galván, aquel santiagueño que entre sollozos hablaba de las torturas, del dolor, del espanto que le hicieron ver y vivir. Ese hombre que dijo que uno de los guardias, en una especie de acto de solidaridad, les permitió sacar (de la basura) cáscaras de naranjas y mandarinas para comer. Que de ese modo supo que las cáscaras de mandarinas eran más ricas porque eran más dulces.

"Además de asesinos, 'rapiñeros' y violadores, no me olvido", dijo la querellante al recordar que de la casa de Alicia Noli y Enrique Sánchez se llevaron todo lo que encontraron. "Hasta el canasto de ropa sucia", había contado la testigo cuando hizo su declaración. Y así, mirándolos a los ojos habló sobre los testigos que vieron a Enrique en el Arsenal. Como la señora Román de Fiad y NC (testigo protegida). Ambas habían contado que ese muchacho hablaba de su esposa y de su hijo recién nacido. A las dos, Enrique les había pedido que fueran hasta la cerrajería de calle 24 de Setiembre y Catamarca y dijesen que lo habían visto. Ninguna de las dos pudo hacerlo. Alicia escuchó en este juicio que el hombre que amó los recordó a ella y a su hijo, siempre.

Sobre el final, se leyó lo escrito por familiares de las víctimas. Así, las palabras de la hermana de Adriana Mitrovich, de Beatriz Torres Correa (hermana de Ricardo), de Julio Argañaraz (esposo de Graciela Bustamante) y de la familia de Horacio Ferreyra fueron escuchadas por el Tribunal, las partes y todo el público presente.

Penas e imputaciones

Los abogados de ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) pidieron la pena de prisión e inhabilitación perpetua, la baja deshonrosa y que sean declarados infames traidores a la Patria a Luis Orlando Varela, Fernando Torres, Ernesto Rivero, Tomás Adolfo Güemes y Ángel Custodio Moreno.

Que se hagan cargo

Emilio Guagnini fue el último querellante en presentar su alegato el viernes 1 de noviembre. El abogado tiene a su cargo la causa Soldati, cuyas víctimas son los hermanos Berta María y Carlos. Carlos es el único sobreviviente y pudo declarar como testigo víctima en esta megacausa. El otro miembro de la familia que permanece desaparecido es Luis Alberto Soldati, pero la querella formal de esta víctima la tiene la fiscalía, por lo que Guagnini no pidió pena para los imputados por esa causa. Sí se refirió a Pedro Orlando Caballero y a Luis Daniel De Urquiza. Ambos imputados fueron señalados como responsables por uno de los testigos que declaró en audiencias pasadas.

"Caballero no se hace cargo", dijo el abogado. "Por lo menos Menéndez se hizo cargo", agregó. Y mirando al imputado dijo: "Señor Caballero, hágase cargo de lo que hicieron". Es que durante su ampliación de indagatoria, el imputado había asegurado que desconocía que en el Arsenal funcionara un CCD. "Resulta que él era una blanca palomita", ironizó Emilio Guagnini.

Llegado el momento de solicitar las penas, dijo que a los imputados Luis De Cándido, Juan Alberto Abraham, Rolando Reyes Quintana, Ricardo Oscar Sánchez y Roberto Heriberto Albornoz les correspondía las penas de prisión perpetua en cárcel común. Los delitos por los que pidió esta pena fueron los de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas agravadas y homicidio agravado. "No son delitos comunes", aseguró. "Cárcel común. Eso es verdadera justicia", concluyó tras solicitar a los jueces que no permitan que haya más prófugos, refiriéndose a los responsables de delitos de lesa humanidad.

La audiencia terminó a las 21 y la sala permaneció llena. Las emociones, los llantos y los aplausos fueron una constante. Es que muchos sienten que la justicia se hace durante los alegatos. Ese momento en que los abogados hablan, recuerdan, revalorizan las historias y las respaldan con las pruebas. Ese momento en que no solo se pide la pena sino que se reivindica una lucha que, aunque duele, llena de orgullo.

Gabriela Cruz

gcruz@colectivolapalta.com.ar