“Estamos prácticamente en la puerta del cierre de la Secretaría de Derechos Humanos, con todo lo que eso implica en este momento y lo que va a implicar a futuro”, arranca María Coronel que fue, hasta principio de este mes, la coordinadora del Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá. Ante esta alarmante situación, trabajadoras y trabajadores de esta Secretaría realizarán actividades en diferentes puntos del país para denunciar la situación. Está previsto para hoy a las 17 un abrazo simbólico en la ex ESMA y otro en el Espacio para la Memoria del Faro de Mar del Plata. En Tucumán, se planea una campaña de fotos en la Escuelita de Famaillá para visibilizar la problemática.

En un comunicado oficial de los Espacios de Memoria se subraya que estas políticas no son privilegios, sino derechos conquistados por años de lucha colectiva. Sin embargo, los recortes implementados en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación están llevando a un escenario crítico, que afecta directamente el funcionamiento de estos espacios fundamentales para la memoria histórica. De acuerdo a lo que explica María, en este último tiempo se anunció el cese de contrataciones de prácticamente la mitad de la planta de trabajadores.

En Tucumán, la situación es especialmente alarmante en el Espacio de Memoria Escuelita de Famaillá, donde apenas dos personas están contratadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Una de esas personas es Coronel quien debió presentar a principio de mes un pedido de retiro voluntario. “En mi caso se me invitó, antes de quedar afuera del todo, a presentar el pedido de retiro voluntario. Los compañeros que no lo han hecho quedan afuera el 31 de diciembre”, cuenta. Además, explica que aquellas personas que no tomaron la ‘sugerencia’ de pedir este retiro tendrán como única posibilidad para pelear por su fuente laboral, la instancia judicial.

Otro de los trabajadores, Galo Ismael, quien ocupa su puesto por el cupo laboral trans, también se enfrenta a la incertidumbre. Según explicó María, su contrato bajo el artículo 9 —una modalidad de renovación trimestral— está incluido en el pedido de renovación enviado al Ministerio de Justicia, pero no hay confirmación de que vaya a ser aprobado. En este sentido, cabe aclarar que el listado enviado al Ministerio no incluye a la totalidad de las y los trabajadores. “Es toda incertidumbre; es de la manera en que nos hemos estado manejando durante todo el año”, agregó.

Los Espacios de Memoria advierten que estas decisiones no solo afectan el presente, sino que ponen en peligro el acceso futuro a una memoria colectiva basada en la verdad y la justicia. “La memoria no es negociable”, reitera el comunicado, enfatizando que su preservación es fundamental para frenar los discursos negacionistas y garantizar una democracia plena.

Por ello, hacen un llamado urgente al Estado y a la sociedad civil para defender estos espacios y las políticas públicas que los sostienen. En palabras de los trabajadores, estas medidas representan no solo un retroceso, sino un peligroso intento de desmantelar un legado construido con esfuerzo y compromiso.