Dictaron el procesamiento sin prisión preventiva de dos dirigentes sindicales señalados por el posible encubrimiento en la desaparición de María de los Ángeles Verón, la joven desaparecida en 2002 en Tucumán. Se trata de Norberto Manzano, secretario General de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), y de su par en la delegación Tucumán, Carlos Alberto Rojas. Ambos, según las pruebas recabadas hasta el momento, son sospechosos de haber ocultado una carpeta con fotos y documentos que demostrarían la muerte de Marita.

El pedido de procesamiento fue realizado por el fiscal Agustín Chit, a partir de una denuncia recibida por la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas (Protex) por parte del Departamento Jurídico de la Fundación María de los Ángeles por la Lucha contra la Trata de Personas. “De esa presentación se desprende que una persona de identidad reservada relató un hecho ocurrido en el Hotel Bicentenario de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí, el 20 de marzo de este año, se celebró una reunión de afiliados de Apjae, en la que Manzano habría manifestado tener en su poder una carpeta con fotos de Marita Verón fallecida dentro de la sede del sindicato Luz y Fuerza y, luego, trasladada al sanatorio Luz Médica, bajo la responsabilidad del exdirigente Julio Luna (actualmente fallecido) y las actuales autoridades del referido sindicato”, explica el portal Fiscales.gob.ar.

De acuerdo a lo declarado por el testigo, en esa reunión un afiliado hizo referencia a circunstancias en las que las autoridades del sindicato y del gremio ejercían ‘aprietes’ contra los trabajadores de Apjae. “Manzano le habría manifestado al afiliado que dichos ‘aprietes’ eran ejercidos por el anterior Secretario General del sindicato, Julio Luna y que esos conflictos o ‘aprietes’ habían terminado debido a que Manzano le expresó oportunamente a Luna que tenía en su poder una carpeta que contenía fotografías del cuerpo fallecido de María de los Ángeles dentro de la sede de Luz y Fuerza, como también registros del posterior traslado del cuerpo al sanatorio que presta servicios médicos a los afiliados de dicho gremio”, señala la nota de la página web oficial de la Fiscalía Federal.

La investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal incluyó los allanamientos de los domicilios de los acusados y de la sede central de Apjae en Capital Federal, donde se procedió al secuestro de documentación y elementos tecnológicos cuyo peritaje se encuentra en trámite.

Para el fiscal, está acreditado que Manzano y Rojas, en su calidad de dirigentes del sindicato, “conocieron y accedieron a una carpeta que contenía información y fotografías relacionadas con el destino de María de los Ángeles Verón, mujer desaparecida en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002, posiblemente víctima del delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual”. Este accionar ayudó a los autores del hecho a que resulten impunes obstruyendo simultáneamente la actuación de la justicia.

Entre otras manifestaciones, el testigo advirtió que en el ocultamiento del cuerpo de la joven había participado “gente del poder” y que el traslado del sindicato al sanatorio tenía la intención de evitar que se descomponga por el paso del tiempo. Otro de los testigos sostuvo que Rojas afirmó que “a esa carpeta no la queríamos ni tocar nosotros por lo que contenía”. Este último comentario fue afirmado de manera casi textual por Rojas en una de las escuchas de una conversación telefónica mantenida con Manzano, luego de los allanamientos realizados en la causa.