Tucumán se sumó a la movilización nacional bajo la consigna Basta de ajustes en discapacidad convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de Derechos de Personas con Discapacidad. La masiva manifestación se replicó en diferentes puntos de todo el país, en la provincia se congregaron a las 10.30 en plaza Independencia.

El reclamo específico apuntó a exigir que se frene “el decreto que destruye el sistema de atención a las personas con discapacidad”, informaron desde la organización. “El Gobierno Nacional propone anular el nomenclador nacional de valores de capacidad. Esto significa que la ANDI (Agencia Nacional de Discapacidad) ya no regule los valores que se le va a pagar a cada servicio de rehabilitación, de centro de día o de traslado. Eso va a provocar que cada obra social y cada institución ponga un precio, lo que terminará bajando el nivel del servicio”, explica Juan Carlos Díaz, vicepresidente de la Asociación de Prestadores de Traslados Especiales de Tucumán (APTE).

La nueva disposición establece que las prestaciones financiadas por los organismos públicos, según lo que marca la Ley de Discapacidad 24.901, “se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas”. Esto implica que, a partir de ahora, solo las personas con discapacidad que puedan costear los servicios categorizados por el Estado o por profesionales recibirán la atención que necesitan. La Ley de Discapacidad garantizaba el acceso a esos servicios sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, ya sea PAMI, pensión o prepaga.

Desde el Foro explican que esta falta de arancel acorde al costo del servicio implicaría no solo desigualdad, sino una pérdida en la calidad de vida de la población con discapacidad. “De efectivizarse esta medida se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado -que tiene la administración del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad-, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga”, expresaron en un comunicado.