Voces a favor y voces en contra

Fotografía cortesía de Agencia Infoto

A mediados de mayo se conocerá el veredicto en la única causa por delitos de lesa humanidad que se juzga en la provincia en estos momentos. La causa contra el exjuez federal Manlio Torcuato Martínez es la primera en Tucumán en la que la lupa está puesta en el accionar de un funcionario judicial durante la última dictadura militar. Las responsabilidades del sector civil siempre fueron señaladas y denunciadas por familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado y las complicidades del Poder Judicial forman parte de esas responsabilidades.

En este juicio en particular se le imputa a Manlio Torcuato Martínez su accionar en el asesinato de cinco militantes de la agrupación Montoneros ocurrida en una vivienda en calle Azcuénaga al 1800 en mayo de 1976 y del secuestro y tortura de Miguel Romano. En reiteradas ocasiones el juez aseguró que no intervino en el hecho porque no era competente. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal y desde las querellas que lo acusan (las de la familia Romano, de la familia Romero Nicklison y de la Secretaría de Derechos Humanos) consideran que no solamente no investigó las muertes ocurridas en aquella vivienda, sino que, además, colaboró con una causa fraguada contra Romano, causa por la que estuvo privado ilegalmente de la libertad, recibió torturas que afectaron gravemente su salud y buscaron usurparle el bien inmueble de la calle Azcuénaga.

Sobre ese hecho que le que costara la vida a Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen, un nuevo testigo que llegó al lugar declaró el miércoles pasado en el debate oral y público que se realiza en el Tribunal Oral Federal. Se trata de Alejandro Sangenis, quien por aquel entonces era un estudiante de medicina con pocas materias para recibirse. En su testimonio contó que había ingresado a la policía como estudiante en criminalística; cuando la dictadura militar tomó el mando del país, los que eran practicantes pasaron a ser enfermeros y en el año 1976 lo pasaron a la División Sanidad en el Cuerpo de Gendarmería. Fue en cumplimiento de esa función que recibió un llamado poco común en el que les informaban que había un enfrentamiento en el barrio al que se dirigió en la misma ambulancia en la que iba el doctor García La Torre. Cuando llegaron al lugar solo alcanzó a ver que había fuerzas de seguridad. “Estaba la división de explosivos, en la casa había un cuerpo al que se le veían los miembros inferiores”, contó el médico el miércoles en la sala de audiencias.

El especialista aseguró que no hicieron ninguna intervención médica. “No hubo heridos que curar. Nada. Se veía rastros de una balacera pero no había ningún herido de la fuerzas de la seguridad y estuvimos unos 15 minutos y nos tuvimos que retirar del lugar”, sostuvo. Ante las preguntas de las querellas Sangenís insistió con que no vio médicos, no vio otros peritos y que no solamente actuaban las fuerzas policiales sino otras fuerzas de seguridad también. “Estaban los del ejército”, especificó e identificó a Gonzáles Naya y a Roberto Heriberto Albornoz.

Causas armadas, habeas corpus rechazados

Los testimonios de Benito Moya y de Lilian Reynaga tuvieron en común un punto que se repitió en otras narraciones durante otros juicios. Que en 1978, cuando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos iba a visitar la Argentina, el exmagistrado fue a ver a algunos detenidos en el penal en el que se encontraban recluidos (Rawson en el caso de Moya). “Tenían que justificar la cantidad de detenidos que tenían”, señaló Benito Moya que tuvo una entrevista con Manlio Martínez y con quien fuera su secretario. “Querían que responda unas preguntas y que firme eso”, aseguró al tiempo que sostuvo que se negó a hacerlo. La visita en cuestión tenía como objetivo iniciar causas contra los detenidos que se encontraban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Reynaga supo que iban a ‘blanquear’ a 60 detenidos sin causas pero que en su caso no recibió tal visita.

Para muchos, entre ellos Benito, el accionar y las decisiones tomadas por el exjuez no tienen justificación. “Lo que yo considero relevante es el tema de la conducta de algún sector de la justicia que entendió que debía asumir el compromiso de la defensa de estas violaciones que se estaban practicando, con respecto a otro sector de la justicia”, dijo Moya al finalizar su declaración. “Yo entiendo que resulta relevante ver esta actitud de la Justicia con respecto a otros funcionarios que sí formaron parte de ese Estado represivo o sea que fueron parte de la dictadura, omitiendo, consintiendo, participando. Hubo una actitud que no se puede explicar simplemente por el temor”, arremetió el testigo dejando claro a qué sector pertenece el imputado.

Fernando Sosa Padilla y Ricardo Roodschild también fueron presos políticos que vieron y vivieron que estar ‘blanqueados’, es decir oficialmente detenidos, no significaba ninguna garantía. Los tres testigos contaron ante los jueces y la audiencia toda cómo sus derechos eran violados constantemente. “Yo no tengo nada personal contra el doctor Manlio Martínez, pero sí tiene que quedar claro, el doctor Manlio Martínez no era neutral”, señaló Sosa Padilla antes de terminar su declaración. “El doctor Manlio Martínez no respondía a la Constitución Nacional, respondía a los estatutos del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Entonces me parecen muy importantes estos juicios, un juicio imparcial, como tiene que ser”, destacó el testigo. “La llamada corporación judicial necesita una verdadera reconversión”, agregó, “necesita que quede claro que hubo jueces, como fue en el caso del doctor Manlio Martínez, le dieron el amparo, le allanaron el camino y le dieron el blindaje para que las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas pudieran secuestrar, torturar y hacer desaparecer a miles de argentinos en el marco del terrorismo de Estado”.  

Fernando Sosa Padilla, antes de retirarse de la sala de audiencias, hizo suyas las palabras que Julio César Strassera dijera en 1985: “Con este juicio tenemos la oportunidad de fundar una paz, una paz no basada en el olvido sino una paz basada en la memoria. Una paz basada no en la violencia sino en la justicia”. Y al igual que aquel juez que actuara en el juicio a las Juntas y reprochando que la Cámara de Casación Penal dejara en libertad a muchos genocidas condenados les dijo: “Señores jueces, nunca más”.

Otros testimonios se escucharon, otros se leyeron. Algunos, como el de Marta Abregú de Padilla, exsecretaria privada de Martínez, aseguraron que el exjuez atendía las necesidades, los requerimientos y las angustias de las madres que se acercaban a buscar información sobre sus hijos. Que trataba de hacer hasta lo imposible por ayudarlas. Que les brindaba su tiempo y su escucha. Que los habeas corpus eran rechazados por las fuerzas de seguridad y que él nada más podía hacer.

A estos testimonios a favor del imputado se sumó el de Rodolfo Vargas Aignasse, hermano de Guillermo Vargas Aignasse, el senador secuestrado en 1976 cuyos restos fueron encontrados en Pozo de Vargas. Rodolfo contó cómo el exjuez, que mantenía una relación de padrinazgo con el senador desaparecido, hizo lo posible por ayudar a su familia. Un testimonio respaldado por Marta Ahumada, una empleada de la secretaría Electoral del Juzgado Federal que trabajó durante 10 años con Martínez.

Poco menos de un mes falta que este proceso culmine. Uno de los juicios más esperados por su implicancia. Un juicio contra un hombre cuyo nombre ha sido señalado por cientos de testigos. Un juicio en el que Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón deberán decidir, en función de lo visto y escuchado, si Manlio Torcuato Martínez fue una víctima más, como lo sostiene su defensa, o un cómplice de los peores delitos cometidos en la provincia.