“Soy culpable de esto, lo hice porque mi hijo es drogadicto y alcohólico; sale, roba y tiene problemas con todo el mundo. Me maltrata y me saca plata. Yo amo a mi hijo, soy ignorante y estuve mal, pero quería protegerlo porque ya lo habían amenazado y tenía miedo de que me lo maten”. Esto declaró ante la justicia la madre del joven de 34 años al que la policía encontró encadenado mientras realizaba allanamientos en busca de un prófugo. El mismo estaba encadenado de pies y manos, desnutrido y deshidratado, en una habitación aislada de una vivienda del barrio 21 de Septiembre de la Comuna de Villa Carmela, en Tucumán.

Por este hecho se encuentran imputadas, por privación ilegítima de la libertad, la hermana y la madre del hombre.

El caso refleja una realidad presente en muchos hogares de sectores populares, y deja en evidencia la falta de políticas públicas adecuadas para resolver la problemática de las adicciones en el territorio. Además, plantea la necesidad de abordar las causas subyacentes que pueden llevar a una familia a esta situación extrema.

¿Cómo se llega a esto?

Emilio Mustafá, psicólogo y psicólogo social especialista en adicciones, analiza: "Primero hay que reflexionar qué fue lo que ha llevado a una madre a la situación extrema de tener que encadenar a un chico por consumo. Esto habla de la no intervención del Estado en cuestiones de salud en general y de la salud mental en particular".

El profesional aclara que esta práctica no es única o nueva en Tucumán y que en la zona de La Costanera, durante el año 2010, se inició un registro de casos con chicos encadenados: “Una madre me dijo ‘Yo lo prefiero encadenar en el patio de mi casa, antes de que vaya a consumir o que le pegue un tiro el transa’”, recordó. “Hay que entender la complejidad de los casos".

Emilio, quien también forma parte de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, explicó que en estos casos "fallaron las políticas de salud, sumadas a la falta de estrategias y de comprensión de la problemática como una cuestión de salud mental. El Estado, recién con la pandemia, empezó a darse cuenta que la salud mental existía".

El rol del Estado

Las sanciones legales no funcionan si no van acompañadas de abordajes integrales que contemplen la atención a personas con problemas de consumo y la implementación de programas de prevención y apoyo a las familias en situaciones vulnerables. Por esto, Mustafá insiste en la necesidad de entender la adicción como un fenómeno complejo y no como un problema de delincuencia. "Si no, a este chango que es adicto, pareciera preferible tenerlo encerrado antes de que ande choreando y no pensar qué tipo de asistencia necesita". Y agrega: "cuando los chicos entran en un proceso delictivo tiene que ver con una etapa de la adicción que genera la ansiedad por el consumo, a la par de mucha compulsividad que lleva a que tenga una conducta de agresión e irritación".

Según Mustafá, son cientos o miles las familias que se acercan a la guardia del Hospital Obarrio con jóvenes en situación de consumo. Pero en urgencias son solo 8 las camas disponibles para desintoxicación en toda la Provincia. "Entonces, muchas de esas familias tienen que volver a sus casas sin la atención médica, psiquiátrica o psicológica a esa persona alterada o agresiva que demanda desintoxicación".

La colaboración entre distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones sociales y profesionales especializados en el territorio, es esencial para abordar la problemática. Pero sin un Estado responsable que piense, proyecte e invierta en políticas para la salud mental, luchar contra el consumo problemático se vuelve casi imposible.