Si se mira para atrás y se ve cuánto se ha avanzado en materia de derechos hacia las comunidades trans, se entiende el porqué de las marchas, la importancia de las intervenciones y los resultados de la visibilidad en las calles. Cuán importante fue hacer frente a acontecimientos como la clase del profesor Pascual Viejobueno -en 2016 sus dichos discriminatorios hacia la comunidad LGBTQ+, en la clase de Filosofía del Derecho, fueron denunciados por los estudiantes- y a las apreciaciones del legislador Raúl Albarracín (UCR-Cambiemos) cuando consideraba inconstitucional la ley de cupo laboral trans; y también lo trascendental de dar lugar a espacios de diálogo, reparación y conquistas en igualdad de oportunidades. 

Es a partir de la lucha colectiva de las comunidades LGBTQ+  que la semana pasada la Legislatura de Tucumán aprobó la ley de Cupo Laboral Trans para empleo estatal, con 29 votos a favor y 10 en contra (ver destacado aparte). Esta ley reserva el 1% de la planta permanente del Estado para personas trans, travestis, transgénero y personas no binarias. Además impulsa el empleo privado para las personas pertenecientes a la comunidad a través de un programa de inserción laboral.

La iniciativa comenzó su camino en Tucumán en 2017, cuando el legislador José María Canelada (UCR) presentó el proyecto por primera vez. “Fue el año en el que comenzamos a organizarnos como agrupación, luego de que el transfemicidio de Ayelén Gomez nos hiciera dar cuenta de lo expuestas que estamos a cualquier vulneración”, recuerda Claudinna Rukone, docente, artista y activista por los derechos de las mujeres trans, y coordinadora de LOTO (Libertad y Orgullo Trans Organizadxs). “El día que se trató por primera vez en la Legislatura nos organizamos para estar, pese a que desde adentro trataron de impedirlo”, relata Claudinna y recuerda la decepción que sintió cuando, apenas apoyaron las manos en el balcón del recinto, el legislador Albarracín planteó que la ley era inconstitucional, dando lugar a que el proyecto se cajonee por varios años. “Esto puso en el tapete la complejidad de la realidad trans”, afirma Caro Dumas, activista trans no binarie.  

Hasta ahora en la provincia sólo existía como referencia el cupo laboral trans dentro del Poder Judicial, que se aprobó en febrero de este año, y anteriormente, una ordenanza del Concejo Deliberante de Tafí Viejo que estipulaba la inclusión social de las personas trans, “pero que nunca se trató ni se reglamentó, por lo tanto nunca se llevó a cabo”, aclara Rukone. “Cuando uno reparte migajas con estas leyes u ordenanzas, empieza el conflicto dentro del colectivo. Porque los espacios son pocos y las necesidades, muchas. Por eso es importante que esto se sostenga a nivel integral”, manifiesta Dumas. 

“Que Tucumán sea una de las últimas provincias en adherir a la Ley Micaela, pero una de las primeras en aprobar la ley de cupo laboral trans habla de un cambio”, dice Lorenzo Franco, coordinador de ATTTA Tucumán (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina). Agrega: “si bien todavía falta la implementación, siento que hoy tenemos una provincia un poquito más inclusiva”.

“Las mujeres trans siempre hemos sido perseguidas por la Policía y por el sistema por no entrar en la heteronorma. Nos han discriminado durante tantos años que el hecho de que hoy se apruebe esta ley habla de un crecimiento en materia de Derechos Humanos”, comenta Abigail Andreo, coordinadora de Trans Unidas Tucumán. “Como mujer trans y trabajadora sexual creo que esta ley puede modificar positivamente la realidad de muchas chicas. Porque nos dará la posibilidad de elegir entre el trabajo sexual u otro trabajo que nos permita acceder a una obra social y a aportes jubilatorios. Que nos permita mejorar nuestra calidad de vida”, remarca Abigail.

¿Por qué la ley es necesaria y urgente?

Aunque para muchas personas de la comunidad resulte insólito tener que explicar la importancia de la ley, aún hay muchos sectores que no lo entienden. “Es alarmante porque nosotras seguimos siendo parte de un ámbito que no ingresa al sistema convencional. Seguimos siendo parte de la noche, comiendo de la prostitución, compartiendo viviendas minúsculas y precarias con otras compañeras porque no tenemos donde vivir. No tenemos acceso a un alquiler o a conseguir nuestro propio terreno porque tampoco podemos sostenerlo. No tenemos obra social ni aportes y vivir de una pensión social o por VIH no es vida. Menos para nosotras: todo nos cuesta más”, expresa Claudinna. 

A esto se suma que la expectativa de vida para las personas trans es de hasta 35 años. La falta de acceso a la salud, a un trabajo estable y a una vivienda digna las expulsa del sistema. “El cupo laboral viene a dignificar y a darle derechos e igualdad de oportunidades a les compañeres. También cambiará la expectativa de vida de nuestra comunidad. Sobre todo en el norte del país, donde la violencia institucional y social que se sufre es más cruda”, dice Lorenzo. 

La comunidad confía en que esta ley va a beneficiar la realidad trans como lo hizo la de Identidad de Género en 2012, “más allá de que seguimos siendo, en muchos lugares, personajes de comedia y humoradas -indica Rukone-. Pero también empezaron a nacer niñes trans cuya realidad, con la ley bajo el brazo, va a ser muy distinta. Sobre todo en comparación con las que ya tenemos más de 25 años que, aunque parezca poco, representa más de la mitad del promedio de vida de las trans”. Dumas añade: “es fundamental tener leyes para que esto se vea más normativo. Todo este cambio tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de les niñes que vienen en camino y que ya están expresando sus identidades trans con cuatro o cinco años”.

En los últimos tiempos, los transfemicidios estuvieron más presentes en las agendas mediáticas y empezaron a ser más visibles en las calles a partir de las movilizaciones de las organizaciones trans, travestis y transgénero. Crímenes como los de Ayelén Gómez, Cinthya Moreira o Vanesa Solórzano dejaron al descubierto la realidad de las personas trans. “Ninguna de ellas murió a causa de enfermedades. Fueron asesinadas y esa es la principal causa de nuestra desaparición. Venimos siendo víctimas de un genocidio silencioso”, denuncia Claudinna citando a la psicóloga social y activista trans, Marlene Wayar. 

Nuevas batallas 

Ahora, sin dudas, viene una segunda batalla: la de la reglamentación e implementación. Y es ahí donde las organizaciones y agrupaciones que militan los derechos de las personas trans, travestis y transgénero pondrán el cuerpo para que se garantice lo que establece la ley. “Este proyecto está gestado por personas cis, que se basaron en formatos de leyes a nivel nacional y que no consultaron a ninguna persona del colectivo trans, sea o no parte de un movimiento activista -remarca Claudinna-. Esto no nos sorprende porque nosotras, como la T de travestis y trans, estamos al final de la sigla LGBT. Seguimos siendo las últimas en enterarnos, en participar, en ser consultadas”.

Al mismo tiempo está la realidad de una sociedad que debe acompañar y recibir la ley. “(Hay) Una sociedad y un sistema político que no están preparados para nosotras. Nadie se puso a pensar en el lugar de privilegio que ocupan para criticar y juzgar una realidad que no conocen. En ningún grupo vimos el interés por que esa ley llegue a sus espacios laborales”, dice Rukone. Y, sin dudas, ahí recaen los mayores esfuerzos de los activistas para dar debate en los ámbitos de poder y en círculos de construcción de conocimiento. Para educar, discutir y reformular paradigmas. “A nosotras nadie nos regaló nada, es una lucha de muchos años y espero que este sea el fin de la discriminación sistemática”, manifiesta Abigail.

“Más que la sociedad en general, a mí me interesa lo que piense la trava, la trans, la que realiza trabajo sexual; y en qué le cambia la vida a ellas. Obviamente, espero que la gente sea empática, respetuosa y tenga un trato digno con las compañeras, pero tampoco espero milagros”, dice Lorenzo. Agrega: “sé lo crudo que es trabajar con gente que no tiene perspectiva de género ni tacto, así que honestamente me gustaría que las chicas tengan el acompañamiento correspondiente”. Por su parte, Dumas dice estar segura de que la ley, en principio, no será bien recibida por la sociedad ya que esta no empatiza con las personas trans. “Habrá chistes o gente que se contraponga porque seguimos en una sociedad machista que cree que esta ley le está robando espacio y que no tiene la sensibilidad de acercarse a la vida de una persona trans, donde la discriminación es moneda corriente”.

Sin dudas, la aprobación de la ley sólo representa el inicio de una larga lucha social. “No sabemos en manos de quién irá a caer este proyecto; cuánto va a durar; si tendrá presupuesto, un consenso provincial o exigencias, porque ya se estuvo hablando de prontuarios”, plantea Claudinna.

Esto deja al descubierto la idea que aún tienen algunos legisladores, en primera instancia, y la sociedad tucumana sobre las comunidades trans. Señalar y exigir antes que reparar e incluir sigue siendo lo habitual. Las comunidades trans consiguieron abrir la puerta al trabajo formal, pero ahora toca militar desde adentro. Derribar mitos. Ponerle el cuerpo, una vez más, a la estigmatización que les reclama prontuarios limpios y estudios completos en una sociedad que las demoniza y expulsa desde hace años.