28S: Las deudas del aborto legal a casi dos años
El 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido también como el Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto. A casi dos años de la legalización del aborto voluntario en Argentina, hay varias razones para mantenerse atentas y en defensa de un derecho que llevó muchos años conseguir. “La legalización del derecho a decidir a abortar por fuera de las causales es solo otro punto de partida para la lucha porque de ahora en más nos queda bregar para que la implementación efectiva, el acceso efectivo a la prestación médica sea pleno para todas, para todes”, dice Soledad Deza, abogada feminista referente de la fundación Mujeres x Mujeres.
Ocurre que el acceso efectivo que está garantizado por la Ley N° 27610, no está garantizado en todos los puntos del país y muchas veces está sujeto a la voluntad del personal de salud que le toca intervenir. Valiéndose de artimañas dilatorias, se demoran intervenciones hasta llevarlas a situaciones de inviabilidad. “El acceso efectivo debe ser en todos los lugares y no solamente en los puntos urbanos o dependiendo de algún punto de confianza que nos ayude a intermediar la consulta. Tiene que ser una consulta de salud como cualquier otra. No puede estar sujeta a la limosna sanitaria de efectores amigables o más o menos empáticos con el derecho a decidir”, señala Deza.
Aborto voluntario versus abortos por causales
Las interrupciones legales de los embarazos por causales (ILE) están garantizadas en el país hace más de cien años. La lucha por la legalización de las interrupciones voluntarias (IVE) fue una conquista después de una larga lucha y a más de 15 años de haberse presentado el proyecto de ley. El nuevo escenario debía ser auspicioso para el cumplimiento de los derechos de las mujeres que por una u otra razón debieran o quisieran abortar. Sin embargo “los obstáculos se han trasladado y son los casos más trágicos los que están encontrando resistencia”, explica Deza. Ejemplos de esto sobran en Tucumán como el que dio pie a esta nota publicada en febrero de este año.
“Cuando digo casos más trágicos, me refiero a los casos de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil en las que la detección tardía es una consecuencia del mismo abuso. Entonces se ven muchas veces obligadas a llevar a término ese embarazo y se ven privadas de una asistolia que es lo que les garantiza la interrupción de ese embarazo”, advierte la abogada feminista. La inducción de asistolia fetal es una técnica por la que se produce un paro cardíaco como parte de la atención de la interrupción voluntaria del embarazo en edad gestacional avanzada.
Pero no es la única causal que encuentra obstáculos en la atención de este tipo de abortos. “También en el caso de algunas mujeres con las que hemos tenido contacto que, teniendo una patología previa en el orden biológico que pone en riesgo su salud han encontrado obstáculos bajo el argumento de que esa patología no pone en riesgo la vida”, cuenta Soledad. Este tipo de definiciones por parte del especialista que interviene se debe, según explica Dezam a una indebida biologización de la salud integral.
La justicia violando derechos
No es solamente el sistema de salud el que obstaculiza el acceso a la garantía de los derechos conquistados por las mujeres y los cuerpos gestantes. A finales de agosto, la Fundación Mujeres x Mujeres hizo pública su denuncia al fiscal Carlos Sales por haber requerido al Siprosa - Sistema Provincial de Salud- las historias clínicas de todas las pacientes que hubieran ingresado con síntokmas compatibles con un aborto. “Esto es en franca violación de los marcos normativos, de los marcos éticos”, advierte Soledad Deza que sostiene que es una medida disciplinatoria e ilegal. “Sostenemos que la consulta por aborto es una consulta confidencial”, remata.
En definitiva, con la legalización del aborto, su regulación y su implementación, la lucha aún no termina. “Todas estas luchas que aún son necesarias se inscriben en el marco de la misma lucha: el derecho a decidir forma parte del plan de vida y no debe estar sujeto a las cosmovisiones morales del personal de salud”, remarca la abogada.