Los festejos de un nuevo aniversario de la Independencia pasaron con más penas que glorias. Mientras en el hipódromo de Tucumán se llevaba a cabo el tradicional acto encabezado por la presidente de la Nación, Alberto Lebbos, padre de Paulina quien fue asesinada en el año 2006, junto a familiares de víctimas de la impunidad y militantes en general, intentó ingresar a plaza Independencia, pero la policía se lo impidió lanzando gas pimienta a los manifestantes. Frente a Tribunales, Alberto Lebbos reclamó una vez más justicia por su hija y por muchas otras víctimas cuyas muertes están impunes. "Ésta es una justicia adormecida, anestesiada, esclavizada por un poder corrupto", denunciaba Lebbos quien continúa esperando una audiencia con Cristina Kirchner, sin respuesta.

Y es que la investigación por el asesinato de Paulina estuvo viciada, rodeada de corrupción del poder político y judicial. Muchas pruebas desaparecieron. El primer fiscal a cargo, Alejandro Noguera, debió apartarse al poco tiempo ya que la prensa lo fotografió saliendo de la casa del gobernador Alperovich. Lo sucedió Carlos Albaca con quien la causa durmió por más de siete años. Alberto Lebbos sostiene que uno de los hijos de José Alperovich tiene que ver en el hecho. Hace unas semanas el nuevo fiscal Diego López Avila comenzó la investigación para tratar de determinar qué fue lo que ocurrió.

Los discursos se construyen con palabras, pero también con acciones. Discursos sobre igualdad y justicia no se sostienen cuando se autoriza a la policía a reprimir una manifestación. Discursos para democratizar la justicia y evitar corrupción no se sostienen al no recibir a un padre que hace siete años lucha para esclarecer el asesinato de una hija donde podrían estar involucrados hijos del poder.

Es más fácil apoyar una causa, como la de Marita Verón, cuyo hecho se produjo con una conducción gubernamental diferente, pero ¿qué consecuencias acarrea apoyar una causa donde el poder político actual es sospechado de encubrimiento?

Marianella Triunfetti

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