“Los jueces de la Corte están cediendo ante las presiones de sectores corruptos”, dice Carlos Garmendia, abogado que representa a la familia de Facundo Ferreira -el niño de 12 años asesinado en 2018 por la Policía de Tucumán. La decisión de la Corte de anular el debate realizado en 2021 y como consecuencia la condena a perpetua de los policías Nicolás Javier González Montes de Oca y a Mauro Gabriel Díaz Cáceres y de iniciar un nuevo juicio tomó por sorpresa a los querellantes. “No estamos hablando de policías que cumplen su deber y ponen en riesgo su vida, estamos hablando de drogadictos que con el uniforme de la Policía de Tucumán y móviles oficiales han decidido perseguir a jóvenes y niños indefensos y ejecutarlos”, remata el abogado.

El fallo de la Corte no fue unánime sino que contó con los votos en disidencia de la jueza Claudia Beatriz Sbdar y de Daniel Oscar Posse. Y si bien fue un golpe sorpresivo para la familia Ferreira, se inscribe en una serie de medidas y decisiones que, al decir de Garmendia, dan cuenta de un poder judicial debilitado. “No es casual que esté sucediendo  a pocos días de que empiece el juicio por la sedición de la policía en el año 2013. Soy consciente que está habiendo presiones de ciertos sectores sediciosos de la Policía que amenazan con volver a levantarse con la excusa de la crisis económica”, advierte el abogado.

Ocurre que a finales de 2022, la Corte decidió absolver a Mauro Navarro, el único policía condenado por el homicidio de Miguel Reyes Pérez -joven asesinado en un supuesto enfrentamiento policial desmentido por decenas de testigos-. Garmendia señala que las decisiones de la Justicia son de cierto sometimiento a los sectores corruptos de la Policía y ejemplifica; “Yo estoy viendo que en estos dos últimos años los jueces y los fiscales acceden a un montón de pedidos de allanamientos sin el sustento fáctico de pruebas suficientes para allanar una vivienda. En muchos casos la policía entra con esa orden de allanamiento sin que haya alguien del poder judicial controlando y terminan robándoles dinero y bienes a las familias allanadas”, denuncia el letrado.

Si bien el abogado explica que, los imputados aún no deberían recuperar su libertad pues no se trata de una absolución, la prisión preventiva está próxima a vencerse. Ante ese posible escenario van a solicitar se garantice la seguridad de la familia de la víctima. “Recordemos que la familia ha sido amedrentada en más de una oportunidad e incluso con allanamientos que los jueces autorizan alegremente sin los elementos de prueba suficiente. Tenemos mucho temor que esta decisión de la corte envalentone a todos estos sectores corruptos de la policía”, advierte Garmendia.

El caso: perseguir y matar a un niño por la espalda

En marzo de 2018 Facundo Ferreira se había escapado de su casa para hacer una travesura, ir a ver una picada de motos en el parque 9 de Julio. Tenía 12 años y le había pedido permiso a su abuela para salir a comprar un sándwich. La madrugada de ese 8 marzo, mientras volvía con un amigo en la moto, dos oficiales de la División Motoristas del Servicio 911 de la policía tucumana lo persiguieron y le dispararon por la espalda. Doce balas. 11 de plomo y una de goma todas las vainas perteneciente a las armas oficiales. La pericia empezaba a arrojar por tierra las primeras versiones policiales que hablaban de un enfrentamiento.

Más tarde, durante la investigación realizada después que de el caso adquiriera resonancia en los medios de comunicación y la familia Ferreira, acompañada por las organizaciones sociales, hablaran de un hecho de gatillo fácil, se demostró el irregular accionar de la policía. Así, se pudo determinar que los policías demoraron la ayuda al niño mientras aún permanecía con vida y que al ingresarlo al hospital lo hicieron como si hubiera sufrido un accidente de tránsito. Además, la primera prueba de dermotest que había dado positivo en una de las manos de Facundo y en ambas manos de Juan -quien iba manejando la moto-, fue contrarrestada por una contraprueba de mayor precisión.

“Estamos hablando de asesinos de niños que en un primer momento fueron protegidos por el Ministro de Seguridad del gobierno provincial. Es decir que los quisieron proteger desde la política”, dice Carlos Garmendia haciendo referencia a Claudio Maley. “El ministro quiso proteger a un policía drogadicto con un arma provista por la policía de la provincia”, remata el abogado haciendo referencia a los resultados toxicológicos que confirmaron que uno los agentes actuó bajo los efectos de cocaína y marihuana. 

Finalmente el caso llegó a juicio en septiembre de 2021 y el tribunal integrado por los jueces Wendy Kassar, María Fernanda Bahler y Emilio Páez de la Torre determinó condenar a Montes de Oca y a Díaz Cáceres a prisión perpetua. Este juicio fue declarado nulo por la Corte Suprema mientras la familia Ferreira esperaba que la sentencia quede firme. Ante esta decisión, la familia de Facundo acompañada por Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil y la Impunidad, llama a una concentración este martes a las 9.30 frente a Palacio de Tribunales.