“Fue un acto perverso. En la provincia somos rehenes del gobierno”, dice la abogada jujeña Alejandra Cejas. El acto perverso al que se refiere es al violento desalojo y posterior destrucción de las viviendas del barrio Radio Estación Tilcara. “Hasta ahora, el Gobierno provincial venía haciendo expropiaciones viles, a precios viles, pero dentro de un marco legal. En el caso de Radio Estación Tilcara se cruzó el límite del derecho a la propiedad privada”, explica la letrada en diálogo con Barricada TV.

El desalojo que se realizó a inicio de esta semana a través de un operativo policial fue ordenado por el juez de Control, Marcos Spinassi. El pedido fue realizado por la fiscal Leila Rodríguez (de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de Humahuaca) que se encuentra reemplazando a Fernando Alancay. Este último es el fiscal que lleva adelante la causa por usurpación iniciada en enero de 2022 por Emiliano Rodríguez, coordinador de la Unidad del Tren Jujuy.

“Se trata de una denuncia falsa”, advierte Cejas refiriéndose a la denuncia por usurpación contra las familias que tienen títulos de propiedad y posesión. Los terrenos habían sido comprados hace unos 30 años a Ferrocarriles del Estado en el marco de la Ley 24.446 que permitía a esa empresa vender inmuebles a quienes trabajaban en el ferrocarril.

Además, señala la abogada que la orden de desalojo fue aprobada por un juez que no es competente. “Estábamos en feria y nunca se habilitó el expediente a feria. Nosotros nos enteramos el sábado y se presentó la incompetencia del juez, se recusó a los funcionarios, se explicó que se rompía con el proceso, pero no obtuvimos respuesta”, comenta y remarca que las familias expropiadas eran propietarias.

Y, más allá de las irregularidades y la ilegalidad de estos actos, se trata de un accionar brutal, explica Alejandra. “Pocas veces he visto este odio, burlándose, ostentando poder. Me da mucha vergüenza vivir en una provincia donde no tenemos democracia”. De acuerdo a lo manifestado por vecinos y denunciantes, el propósito de la expropiación es el de construir allí locales comerciales con fines turísticos.

Además del desalojo, la Policía jujeña se llevó a Ricardo Castillo, Agustín Tejerina, Celeste Castillo, Emilce Guerrero, Estela Gallardo y a tres de sus hijos. Si bien todos ya fueron liberados alrededor de las 17, la abogada explicó que no figuraron ni como detenidas ni demoradas, sino que solo las llevaron para averiguar sus antecedentes.

La denuncia realizada por Emiliano Rodríguez debía ser investigada en el plazo de un año de acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Penal de Jujuy. Ese plazo venció el año pasado. “Nunca hubo juicio, no hay condena. Nunca se les permitió (a las familias) estar a derecho, a pesar de que se hicieron todas las presentaciones”, aclaró la abogada en una entrevista cedida al diario Página 12.

“Como no pueden elevar la causa a juicio, porque (las personas desalojadas) tienen títulos de propiedad o de posesión veinteñal en trámite en la Agencia de Bienes del Estado, decidieron generar una cautelar en feria para su beneficio”, dijo Cejas. Además, opina la letrada tras iniciar un proceso en la Justicia Federal, “si hay una decisión acorde a derecho se tiene que restituir las propiedades de manera inmediata”. Sin embargo, aun cuando esto así ocurriera, la demolición de las viviendas empezó por orden del gobernador de la provincia.