El carácter inconstitucional de la ley de contravenciones de esta provincia sigue siendo una tarea pendiente de la Corte tucumana, a pesar de haber sido reconocido por la Suprema Corte Nacional de Justicia. La incoherencia, la impunidad y el abuso de poder que representa la puesta en marcha de esta ley, es una amenaza a la democracia y una falta de respeto a los Derechos Humanos. Por ello se la considera una ley que legitima a la policía para detener a dedo y, a la vez, le otorga el atributo de investigar y juzgar al propio detenido, sin darle la posibilidad de defensa en un proceso legal digno y claro.

Un abuso, atropello o arrebato de un aparato policial poderoso sobre una minoría marginada por las propias opiniones de una sociedad alineada.

Desde esta posición fue que la Asociación de Pensamiento Penal presentó un Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) apoyando con argumentos a las partes que exigen a la Corte tucumana la declaración de inconstitucionalidad de la ley.

El Amicus Curiae es una presentación que se puede hacer en el marco de un litigio. En otras palabras, es un documento o memo que un experto aporta a la causa con la intención de que esa presentación sea tomada en cuenta por el Tribunal antes de tomar la decisión final.

Cabe aclarar que este “amigo del tribunal” es externo la causa. Es decir, suponiendo que ante dos personas que mantienen posturas distintas sobre un tema y que dicha situación lleva a una discusión un dicotómica y polarizada, aparece un Tribunal que evaluará los casos pero, a veces, puede aparecer también un amigo de ese tribunal. Se trata de una tercera persona experta en el tema que decide dar una opinión o punto de vista sobre la discusión, con la intención de que esta opinión sirva para que el tribunal tome la mejor decisión sobre el tema.

Es el caso de la Asociación de Pensamiento Penal. Se trata de un grupo de abogados, magistrados y personas que trabajan vinculadas al derecho penal. Éstos se asociaron inicialmente a través de la publicación de una revista acerca de sentencias, casos y jurisprudencias sentadas en distintas partes del país en materia penal. La Asociación del Pensamiento Penal tiene una actividad extensa y una  cantidad de miembros que mantienen una línea ideológica sobre el derecho penal.

Así, a partir del año pasado la Asociación del Pensamiento Penal junto con ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y otras organizaciones que trabajan en la materia, conformaron la red nacional ACODE (Acuerdo Contravencional Democrático), entendiendo que la situación de inconstitucionalidad y de violación de garantías de derechos, promovidos por la ley de contravenciones, es algo que ocurre en otras partes del país.

“La situación de la ley de contravenciones en Tucumán al día de hoy es exactamente la misma que el 5 octubre 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que nuestra norma no estaba en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo”, comenta Josefina Doz Costa, miembro de ANDHES, en referencia a que la Corte de la provincia se ha manifestado en relación a lo que ordenó la Corte Suprema de Justicia que considera que el caso tiene lesionado su derecho al debido proceso y el derecho a la libertad. Cabe aclarar que la Corte Suprema de la Nación realiza este tipo de sentencias sobre leyes provinciales a partir de un caso específico, como fue el caso “Núñez” respecto a la ley de contravenciones. “Desde esa fecha, nosotros (ANDHES) estamos incidiendo, presionando, dialogando para que se reforme la ley”, explica Josefina y agrega que “el fondo de la cuestión es que se tiene que modificar esa ley , de otro modo llegaríamos al extremo absurdo de que todas las personas que son detenidas por contravenciones podrían seguir este camino y llegar a un mismo resultado, considerado inconstitucional por la Corte de la Nación”.

Por su parte, la Corte de Tucumán no dio una resolución acorde a derecho aún, según lo exigido por la Corte Suprema de la Nación. Además, ninguno de los otros poderes, con especial mención al Poder Legislativo, no se han adecuado a derecho. Así el Amicus llega con un doble sentido.

“Dado que durante estos tres años se has seguido violando sistemáticamente derechos de jóvenes, sobretodo de sectores marginales, en toda la provincia, entonces no podemos menos que esperar de la corte un mensaje claro, fuerte y conciso”, reclama Doz Costa en relación a la falta de reacción por parte de los poderes de Tucumán. Se trata de una actitud burlesca que saca a la luz el abuso de poder y la falta de interés por marcar una línea en derechos en la provincia.  En este sentido, el mensaje de la Corte de la Nación es fuerte y crítico al echar por tierra el carácter constitucional de la ley, que fuera defendido por la Corte de la provincia.

Sea como fuere, el Amicus Curiae o Amigo del Tribunal se suma en la discusión para plantear su punto de vista sobre derechos que se pisotean y que pocos se animan a denunciar. Derechos de todos.

Javier Sadir

jsadir@colectivolapalta.com.ar